La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral avanzan en la implementación de una serie de cambios que buscan blindar las elecciones de 2026 frente a riesgos de fraude y suplantación. Entre las principales medidas se encuentra la expansión de la biometría facial y una nueva estrategia de control sobre los testigos electorales.
Las definiciones se dieron tras las elecciones atípicas de Bucaramanga, donde Cristian Portilla obtuvo la victoria con 63.317 votos. Allí, las autoridades electorales destacaron el buen funcionamiento de los primeros equipos de biometría facial, una tecnología que se convertirá en pieza clave del sistema electoral.
En la jornada, la Registraduría instaló cerca de 100 equipos de reconocimiento facial en los 88 puestos de votación. El registrador Hernán Penagos señaló que este tipo de herramientas permiten avanzar hacia procesos más transparentes y confiables.
De acuerdo con Penagos, la biometría facial ya ha sido aplicada en 19 elecciones atípicas realizadas en distintas regiones del país y su cobertura se ampliará de manera significativa en 2026. Aunque no se precisó una cifra exacta, se estima que estos equipos estarán presentes en cerca de 60.000 mesas, lo que representa alrededor del 50 % del total nacional.
Otro ajuste anunciado tiene que ver con la votación de colombianos en el exterior. Para reducir posibles irregularidades, la Registraduría implementará reportes diarios durante la semana electoral en los cerca de 150 consulados habilitados, donde votan más de tres millones de ciudadanos.
Los registros de votación se enviarán al cierre de cada jornada y se activarán mecanismos de denuncia y monitoreo permanente de las mesas, con atención las 24 horas para reportar posibles anomalías.
En paralelo, el CNE asumirá de manera directa la capacitación de los testigos electorales, una función que hasta ahora estaba en manos de los partidos políticos. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, afirmó que este cambio permitirá mayor control y transparencia.
La decisión cobra relevancia tras los antecedentes de la campaña presidencial de 2022, cuando irregularidades en los reportes de gastos por capacitación de testigos derivaron en sanciones administrativas.
Según el nuevo esquema, los colectivos deberán inscribir sus comités ante el CNE, que se encargará de la formación. Para este proceso se destinarán más de 35.000 millones de pesos y se espera capacitar a cerca de seis millones de personas antes de las elecciones de marzo, mayo y junio de 2026.
Las autoridades también confirmaron la ampliación de la observación internacional, con la participación de la Unión Europea, que desplegará una misión de más de 130 observadores desde enero.
Foto: Colprensa