ELN provoca máxima alerta de seguridad en el país por paro armado
Un nuevo paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) rige desde el pasado domingo y se extenderá hasta la medianoche del miércoles, generando una compleja situación de orden público en varias regiones de Colombia.
El grupo guerrillero, incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y Europa, asegura que la acción responde a supuestas amenazas de intervención extranjera y a su oposición a operaciones militares recientes.
Según comunicados del ELN, el paro armado busca impedir la movilidad por carreteras y ríos, así como paralizar actividades económicas y sociales en zonas donde el grupo mantiene control territorial. Autoridades han advertido que esta estrategia constituye una forma de coerción directa contra la población civil.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el anuncio y calificó al ELN como un grupo narcoterrorista que continúa afectando gravemente al pueblo colombiano. “Dicen protestar por derechos que ellos mismos vulneran con violencia”, señaló la misión diplomática, que además recomendó a sus ciudadanos abstenerse de viajar al país durante estos días.
Desde el inicio del paro, se han reportado hostigamientos armados, ataques a estaciones de policía, quema de vehículos y retenes ilegales en diferentes departamentos, afectando principalmente el transporte de carga y la movilidad rural.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció que el ELN sigue utilizando el terror como mecanismo de control y anunció recompensas económicas para quienes suministren información que permita prevenir atentados. “No defienden al pueblo, lo atacan”, afirmó el funcionario.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció en contra del paro armado y ordenó a la fuerza pública enfrentar con decisión al grupo guerrillero. En sus redes sociales, aseguró que el ELN no representa una causa revolucionaria y llamó a los colombianos a no ceder ante el miedo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre las graves consecuencias humanitarias de este tipo de acciones, que restringen la movilidad, afectan economías locales y elevan el riesgo de desplazamientos forzados, violencia selectiva y vulneraciones a mujeres y comunidades étnicas.
El actual escenario se produce meses después de que el Gobierno suspendiera los diálogos de paz con el ELN, tras los violentos hechos ocurridos en el Catatumbo. En medio de la crisis, el máximo comandante del grupo, Antonio García, publicó un texto en el que critica la política de seguridad de Estados Unidos, calificándola como una imposición imperial.
Mientras tanto, las autoridades mantienen un amplio despliegue de seguridad en carreteras, instalaciones estratégicas, sedes diplomáticas y puntos clave del sistema eléctrico nacional.
